Un juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California declaró este jueves como “ilegal” el despliegue de la Guardia Nacional en territorio californiano, una medida ordenada por el presidente Donald Trump. La decisión judicial representa un revés para la administración federal, que había justificado el operativo bajo argumentos de seguridad nacional y control fronterizo.
La resolución judicial responde a una demanda presentada por un grupo de organizaciones civiles y autoridades estatales que cuestionaron la legalidad de la orden presidencial. Según el fallo, el presidente excedió su autoridad al movilizar fuerzas militares estatales sin el consentimiento expreso del gobierno de California, violando así principios constitucionales sobre la separación de poderes entre el gobierno federal y los estados.
El juez concluyó que “no existe una base legal suficiente que justifique la intervención de la Guardia Nacional en suelo californiano bajo las condiciones actuales”, subrayando que la medida no cumplía con los requisitos de urgencia ni con el marco legal que regula este tipo de despliegues.
Reacción inmediata desde Sacramento
El gobernador de California, Gavin Newsom, celebró la decisión judicial, calificándola como una victoria para la autonomía estatal. “Esta sentencia reafirma que ningún presidente está por encima de la Constitución. California no permitirá que se utilicen nuestras fuerzas para fines políticos sin justificación legal”, expresó en un comunicado.
Organizaciones de derechos civiles que participaron en la demanda también destacaron la importancia del fallo, señalando que sienta un precedente clave frente a posibles abusos del poder ejecutivo en el futuro.
Contexto del despliegue y repercusiones políticas
El despliegue de la Guardia Nacional fue anunciado por la Casa Blanca en abril como parte de un plan de reforzamiento fronterizo en estados del suroeste, incluyendo Texas, Arizona y California. Sin embargo, en el caso de California, la medida generó tensiones desde el inicio debido a la resistencia del gobierno estatal.
Aunque el Departamento de Defensa respaldó públicamente la orden presidencial, el fallo del tribunal californiano podría abrir la puerta a nuevos cuestionamientos legales en otros estados. Además, se espera que esta decisión tenga un impacto político en el contexto electoral, alimentando el debate sobre el uso del poder federal en cuestiones de seguridad interior.
La Casa Blanca anuncia apelación
Tras conocerse el veredicto, portavoces de la Casa Blanca informaron que el gobierno de Trump apelará la decisión ante una instancia superior. En una declaración breve, señalaron que “la protección de las fronteras es una responsabilidad federal y seguiremos utilizando todos los medios legales a nuestro alcance para garantizar la seguridad del país”.
La batalla legal en torno al despliegue de la Guardia Nacional en California podría prolongarse en los próximos meses, mientras los tribunales superiores evalúan si la administración presidencial actuó dentro de los límites establecidos por la Constitución.
