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Cristina Fernández de Kirchner |
La Corte Suprema de Justicia ratificó de forma unánime la condena contra Cristina Fernández de Kirchner, ex presidenta de Argentina, por corrupción en el caso conocido como Vialidad. La máxima instancia judicial rechazó las apelaciones presentadas y dejó firme la sentencia que la condena a seis años de prisión, junto con la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Esta decisión marca un precedente histórico, convirtiendo a Kirchner en la segunda ex mandataria condenada a prisión desde la restauración democrática en 1983, tras Carlos Menem.
El fallo se basa en la acusación de defraudación al Estado a través de contratos de obras públicas adjudicados a la empresa de Lázaro Báez, un empresario vinculado a la familia Kirchner. La Corte confirmó que Fernández de Kirchner actuó como coautora de administración fraudulenta agravada, validando el decomiso de aproximadamente 84.000 millones de pesos.
Tras la confirmación, el Tribunal Oral Federal 2 deberá determinar las condiciones de detención para Kirchner y los otros ocho condenados, entre ellos Báez y José López. Se estima que la ex presidenta podría acceder al arresto domiciliario por su edad, ya que supera los 70 años. Además, la inhabilitación la deja fuera de las próximas elecciones legislativas, en las que tenía previsto competir por una banca provincial.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti destacaron en el fallo que la sentencia está sustentada en pruebas contundentes valoradas conforme a las reglas de la sana crítica y que se respetaron todas las garantías constitucionales durante el proceso. Señalaron también que las penas impuestas están en línea con el marco legal vigente, buscando proteger el sistema republicano y democrático.
En sus argumentos, la Corte desestimó los recursos basados en la supuesta competencia de otros funcionarios y negó que hubiera arbitrariedad o vulneración del debido proceso. Rechazaron además las afirmaciones de la defensa sobre supuestas irregularidades en la imparcialidad de los jueces, calificándolas de conjeturas sin sustento concreto.
El tribunal destacó que la maniobra delictiva consistió en priorizar intereses particulares por encima del beneficio económico para el Estado, y que Kirchner actuó con pleno conocimiento y ánimo de lucro en la gestión del decreto 54/2009, clave para los contratos cuestionados.
Este fallo consolida la responsabilidad judicial de la ex mandataria en uno de los casos de corrupción más relevantes del país, con un fuerte impacto político y social. La sentencia no solo confirma su condena penal sino que también cierra el camino a su reingreso a la política activa, con consecuencias directas en el escenario electoral próximo.
El proceso de ejecución de la pena y la resolución sobre su arresto quedarán a cargo del Tribunal Oral Federal, mientras que la sentencia ratificada por la Corte Suprema se convierte en una referencia jurídica fundamental para casos futuros relacionados con la corrupción en la administración pública.