NUEVA YORK – En una medida sorprendente, doce estados, con Nueva York a la cabeza, han decidido interponer una demanda contra el gobierno de Donald Trump. La base de esta acción legal se centra en el acceso que se ha proporcionado a Elon Musk y al personal de la Oficina de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) a sistemas de pago sensibles que albergan información personal de ciudadanos estadounidenses.
Acceso a Información Sensible del Tesoro
Los fiscales generales de los estados involucrados han denunciado que, la semana pasada, el Departamento del Tesoro otorgó acceso a información privada, incluyendo datos de cuentas bancarias estatales y otra información considerada altamente confidencial. Este acceso ha sido calificado por los fiscales como "ilegal, sin precedentes e inaceptable".
Posición de los Fiscales Generales
Los fiscales generales emitieron un comunicado conjunto que puntualiza: “Como el hombre más rico del mundo, Elon Musk no está acostumbrado a que le digan ‘no’, pero en nuestro país nadie está por encima de la ley”. Esta declaración refleja la preocupación sobre el comportamiento del nuevo gobierno bajo Trump, que asumió el cargo el pasado 20 de enero.
Implicaciones del Acceso de DOGE
La Oficina de Eficiencia Gubernamental (DOGE), establecida por Trump con el objetivo de reducir el gasto público, ha logrado establecer conexiones con el sistema de pagos del Departamento del Tesoro. Esta acción se concretó tras la renuncia de un funcionario del departamento que había mostrado resistencia a permitir tal acceso a datos sensibles.
- Los fiscales enfatizan que el presidente no tiene autoridad para transferir información privada a ninguna persona o entidad.
- Aseguran que el presidente tampoco puede modificar los pagos federales aprobados por el Congreso.
- Se teme que DOGE busque bloquear pagos vitales para la atención médica, el cuidado infantil y otros programas esenciales.
Advertencias sobre los Posibles Bloqueos de Pagos
Los fiscales han alertado que las acciones de DOGE podrían tener repercusiones graves en los pagos que son cruciales para millones de estadounidenses. Esta situación podría afectar directamente a la atención médica y otros servicios básicos, poniendo en riesgo el bienestar de ciudadanos que dependen de estos fondos.
La demanda se formalizará en un esfuerzo por proteger la privacidad de los ciudadanos y garantizar que ningún individuo, sin importar su estatus, tenga inmunidad ante la ley. Los fiscales reiteran la importancia de la legalidad y la transparencia en la gestión de la información pública y los recursos del gobierno.
