La semana pasada, una redada federal con agentes enmascarados en Canal Street (Manhattan) sacudió a la comunidad de vendedores ambulantes de Nueva York, dejando al menos nueve arrestados. En respuesta, el colectivo Street Vendor Project (SVP) se congregó este miércoles frente al Ayuntamiento para exigir la aprobación de cuatro proyectos de ley que buscan reformar el obsoleto sistema de permisos, eliminar el límite de licencias de mercancía general y frenar la criminalización sistemática que enfrentan. La acción se intensifica ante lo que denuncian como una lentitud de la administración del alcalde Eric Adams para implementar reformas y una escalada de los operativos del NYPD.
🗽 El Tope Arcaico de Licencias y el Miedo a los Operativos
Los vendedores exigen al Concejo Municipal que apruebe la eliminación del tope de licencias de mercancía general, estancado en apenas 853 desde 1979. Esta limitación fuerza a miles de trabajadores, en su mayoría inmigrantes y personas racializadas, a operar en la informalidad, expuestos a multas, confiscaciones y ahora, a operativos federales.
“Con una licencia podríamos trabajar con tranquilidad,” expresó Fernando Álvarez, vendedor de accesorios en Queens, quien migró desde Ecuador. “No tendríamos que estar corriendo con miedo a que nos quiten nuestras cosas o nos multen.”
La redada en Canal Street resultó en el arresto de al menos cinco vendedores ambulantes de origen africano, según el SVP. A esto se suma la intensificación de la vigilancia local: el NYPD emitió 918 citaciones penales por venta ambulante hasta mediados de julio, un aumento del 16% respecto al año anterior, a pesar de que en septiembre se aprobaron leyes que reducen las consecuencias penales para vendedores sin licencia.
🤝 Propuestas Legislativas en Marcha
Los cuatro proyectos de ley impulsados buscan una solución integral al problema. Además de levantar el límite de licencias (tanto de comida como de mercancía), las propuestas incluyen crear una División de Asistencia para Vendedores Ambulantes y establecer rutas claras de regularización. Estas medidas buscan poner fin a un sistema que Mohamed Attia, director del SVP, describe como un fracaso gubernamental de décadas que termina en "vendedores criminalizados, arrestados y enviados a prisión".
El Concejo Municipal, a través de su vocería, confirmó que los proyectos siguen avanzando en un "proceso legislativo deliberativo y abierto al público", aunque la oficina del alcalde Adams guardó silencio sobre el tema.
