ICE y la Policía de Miami intensifican la acción contra inmigrantes indocumentados bajo el programa 287(g); la operación, que ya ha resultado en más de 30 arrestos en los últimos siete días, genera preocupación entre la comunidad latina del condado.
Qué es el programa 287(g) y cómo funciona
El programa 287(g) permite que agentes de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) entrenen y autoricen a policías locales para identificar, detener y trasladar a personas sospechosas de estar violando la ley migratoria. En Miami, la colaboración entre ICE y la Policía Metropolitana se ha traducido en operativos en barrios como Little Havana, Hialeah y Sweetwater, donde se han llevado a cabo inspecciones en comercios, escuelas y eventos comunitarios.
Detalles de los arrestos recientes
Según el comunicado oficial de ICE publicado el 22 de octubre, los agentes locales realizaron 12 detenciones en la intersección de la SW 1st Ave y la SW 12th St y otras 8 en la zona de NW 15th St y la NW 23rd Ave. Los individuos fueron trasladados al Centro de Detención de Miami‑Dade County, donde enfrentarán procesos de deportación. Entre los arrestados, se encuentran residentes de larga data, algunos con hijos menores de edad, lo que ha provocado la intervención de organizaciones de derechos humanos como como informó previamente la ACLU de Florida.
Derechos de los detenidos y recursos disponibles
Los inmigrantes detenidos bajo el programa 287(g) conservan el derecho a solicitar asilo, a ser representados por un abogado y a recibir una audiencia ante un juez de inmigración. La Oficina de Servicios Legales de Miami‑Dade ofrece consultas gratuitas en la Dirección de Asilo y Refugio en la NW 1st St. Además, la organización Coalición por los Derechos de los Inmigrantes brinda apoyo en la tramitación de recursos de emergencia, como la solicitud de libertad condicional bajo la Ley de Protección de Menores (U‑visas).
Reacción de la comunidad y autoridades locales
El alcalde de Miami, Francis X. Suarez, declaró que la colaboración con ICE es “esencial para la seguridad pública”, mientras que representantes del Consejo de la Ciudad de Hialeah han solicitado una reunión urgente con el Jefe de Policía para revisar los protocolos de detención. Líderes comunitarios, como la presidenta de la Cámara de Comercio Hispana, han pedido al gobierno estatal que suspenda temporalmente el uso del 287(g) mientras se evalúan sus impactos sociales.
