El DCWP aumentó el límite de reembolso de $10,000 a $20,000 y hasta $40,000 para propietarios afectados por contratistas con licencia en Nueva York
Nueva York – A partir del 18 de julio, el Departamento de Protección al Consumidor y Trabajadores (DCWP, por sus siglas en inglés) anunció un aumento significativo en los montos de reembolso disponibles para propietarios de viviendas que presenten reclamos contra contratistas de mejoras del hogar con licencia en la ciudad de Nueva York. Esta iniciativa busca brindar una mayor protección financiera a quienes han sido víctimas de trabajos inconclusos o incumplimientos contractuales por parte de estos prestadores de servicios.
Con la modificación recientemente implementada, el límite de reembolso por reclamos aprobados se elevó de $10,000 a $20,000, y en determinados casos, de $25,000 a $40,000, dependiendo del tipo y la gravedad del reclamo. Esta medida se aplica tanto a nuevos reclamos como a aquellos que ya fueron presentados anteriormente.
Los propietarios que ya hayan registrado una solicitud de compensación ante el DCWP podrían calificar para obtener un reembolso adicional, siempre que el contratista involucrado haya estado debidamente licenciado por el organismo. Para gestionar esta actualización, deberán completar un Formulario de Reclamo Suplementario, disponible a través del sitio oficial de la ciudad: nyc.gov/dcwp.
El fondo de compensación fue creado como una herramienta de respaldo financiero para propietarios que contrataron servicios de mejoras del hogar y se encontraron con incumplimientos como obras inconclusas o deudas pendientes por parte del contratista. El aumento en los topes de reembolso representa un esfuerzo por parte de las autoridades para mejorar la respuesta institucional ante este tipo de situaciones, que afectan tanto la seguridad como la inversión de las familias neoyorquinas.
Desde el DCWP instaron a los residentes a revisar si califican para presentar un reclamo nuevo o complementario, recordando que la presentación debe estar debidamente respaldada por documentación contractual y pruebas del incumplimiento.
