Una jueza federal de Maryland ha emitido una orden significativa que frena la colaboración entre el Departamento de Educación y la Oficina de Gestión de Personal (OPM) en relación con el acceso a la información personal de los demandantes en una demanda contra el gobierno de Trump. Esta orden de restricción temporal, firmada por la jueza Deborah L. Boardman, se ha dado en el contexto de la preocupación sobre el manejo inapropiado de datos sensibles por parte del llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk.
Contexto de la demanda
La demanda involucra a miembros de numerosos sindicatos, quienes argumentan que el intercambio de su información personal con afiliados de DOGE (Department of Government Efficiency) se realizó sin su consentimiento, aparentemente violando la Ley de Privacidad. Los demandantes han presentado pruebas que sugieren la posibilidad de un daño irreparable ante la falta de medidas cautelares.
Detalles de la orden judicial
- La jueza calificó la revelación de información personal como un riesgo serio, dado el acceso que los empleados de DOGE tienen a datos extremadamente sensibles de los demandantes, incluyendo:
- Números de Seguro Social
- Fechas de nacimiento
- Direcciones residenciales
- Información sobre ingresos y activos
- Estado de ciudadanía y discapacidad
- Boardman enfatizó que el acceso a esta información continúa, lo que agrava aún más los riesgos en ausencia de una intervención judicial.
Reacciones de los demandantes
Randi Weingarten, presidenta de la Federación Estadounidense de Maestros y demandante principal, declaró que esta decisión judicial es un paso crucial para proteger la privacidad de los ciudadanos estadounidenses. Según Weingarten, la restricción judicial actúa como un cortafuegos frente a la utilización inapropiada de datos personales por entidades que carecen de autoridad legítima para acceder a esta información.
Impacto en los sindicatos y miembros representados
Los demandantes representan a un amplio espectro de empleados federales actuales y anteriores, así como a beneficiarios de préstamos estudiantiles y veteranos de guerra. Específicamente, la orden judicial se dirige a la protección de:
- Empleados federales que trabajan bajo sindicatos
- Beneficiarios de programas de préstamos estudiantiles federales
- Veteranos militares que reciben beneficios gubernamentales
Acceso no autorizado a registros sensibles
La jueza Boardman también destacó que los empleados de DOGE, que tienen acceso a los registros de los demandantes, podrían crear un panorama detallado de sus asuntos personales y financieros, lo que constituye una seria amenaza a la privacidad. En particular, se mencionó el caso del empleado de DOGE, Adam Ramada, quien está encargado de auditar programas federales de préstamos estudiantiles.
Próximos pasos judiciales
La orden de restricción temporal que impide al Departamento de Educación y a la OPM compartir datos personales de los demandantes con DOGE tiene vigencia hasta el 10 de marzo. Mientras tanto, los demandantes también han interpuesto acciones legales contra el Departamento del Tesoro y su secretario, Scott Bessent, aunque el juez ha denegado la solicitud para restringir el acceso de DOGE a los sistemas de este departamento, señalando que existe una orden de restricción ya impuesta por otro juez.
Este caso pone de relieve las preocupaciones sobre la privacidad de los datos y el uso indebido de información personal en el entorno gubernamental, demandando una vigilancia constante sobre cómo se manejan y protegen los datos sensibles de los ciudadanos.
